jueves, 22 agosto, 2019

Las políticas de vivienda requieren de una buena coordinación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, dice Podemos, y de ahí «lo importante de que Podemos-Equo tenga un programa coherente, con ideas valientes y basados en el derecho a acceder a una vivienda». Para ello, ha dicho Maru Díaz, candidata a presidir el Gobierno de Aragón, se necesita una «ley de vivienda seria, no como la que trajo el Gobierno de Aragón tarde y mal».

Las políticas de vivienda requieren de una buena coordinación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, dice Podemos, y de ahí «lo importante de que Podemos-Equo tenga un programa coherente, con ideas valientes y basados en el derecho a acceder a una vivienda». Para ello, ha dicho Maru Díaz, candidata a presidir el Gobierno de Aragón, se necesita una «ley de vivienda seria, no como la que trajo el Gobierno de Aragón tarde y mal».

Entre las medidas que ofrece Podemos-Equo está apostar por la rehabilitación de viviendas también en el medio rural, lo que generaría 5.000 empleos. De este modo, se apoyaría el sector de la construcción y además se lograrían viviendas más sostenibles energéticamente.

Entre otras propuestas, se incluye impedir que se produzca un desahucio sin alternativa habitacional. Podemos-Equo garantizará una alternativa habitacional en similares condiciones a las familias desahuciadas. Crearán un Registro de Vivienda
Deshabitada, «uno de los compromisos del actual gobierno y que nunca se ha llevado a cabo». La formación quiere conocer cuántas viviendas vacías existen en la Comunidad para diseñar planes que permitan su transformación en hogares para las familias que lo necesitan.

Asimismo, ampliarán el parque público de vivienda, ya que el número de viviendas en propiedad de la DGA es «escaso, tal y como demuestra que exista una lista de espera para acceder a una vivienda». Proponen ampliar este parque (que no llega al 3% del total de viviendas) para igualarlo a los niveles de países como Francia o Reino Unido, donde la vivienda social supera el 10%. El objetivo es garantizar un parque mínimo de 5.000 viviendas públicas en alquiler social en Aragón, en colaboración con los municipios.

Y se comprometen a presentar en un año una Ley de Vivienda de Aragón que recoja «las necesidades de la ciudadanía aragonesa», en coordinación con las plataformas en defensa de la vivienda «que garantice este derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada». Finalmente, duplicarán las ayudas al alquiler, garantizando que se tramitan y resuelven en el plazo adecuad e impulsarán una línea especial para menores de 35 años, que hoy tienen dificultades emanciparse y formar una familia.

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